
Nueva ley de dependencia: la mayor reforma en dos décadas
La nueva ley supone un compromiso del Estado a financiar, por ley, la mitad del sistema. Se destinan 6.200 millones de euros extra hasta 2027
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la reforma de la Ley de Dependencia (Ley 39/2006), y de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-64-1.PDF
) tras su paso por el Senado. El texto ha sido remitido ya al Boletín Oficial del Estado para su sanción y publicación, trámite que suele completarse en los días posteriores a la aprobación parlamentaria.
Cuáles son los principales puntos que recoge:
En dependencia:
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El Estado financiará por ley al menos el 50% del sistema (SAAD), un compromiso que antes no era vinculante.
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Se destinan 6.200 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas para 2026-2027, con el objetivo de que en 2027 la aportación estatal alcance los 7.239 millones (el doble que en 2025).
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Se elimina la incompatibilidad entre prestaciones, de forma que a partir de ahora será posible compatibilizar varios servicios o ayudas a la vez, algo que la normativa anterior no permitía en muchos casos.
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Se amplía la asistencia personal más allá del cuidado en el hogar (acompañamiento para compras, visitas médicas, etc.), para 2028.
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Se reconoce a cuidadores no profesionales, incluyendo a vecinos y amigos, no solo familiares, ampliando esa figura más allá del entorno familiar estricto para incluir a vecinos o amigos que asuman el papel.
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El Estado garantiza el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras.
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La teleasistencia pasa a ser un derecho subjetivo para todas las personas con dependencia reconocida y el plazo máximo para tramitar un expediente se reduce de seis a tres meses. El ministerio ha fijado como horizonte la eliminación de las listas de espera de dependencia para 2028.
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El objetivo declarado por el Gobierno es eliminar las listas de espera.
En discapacidad:
La reforma no se limita a la dependencia: modifica en paralelo la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. Uno de los cambios más relevantes es el reconocimiento automático del grado de discapacidad a partir del grado de dependencia ya reconocido: un 33% para las personas con dependencia de grado I y un 65% para quienes tengan grado II o III, lo que evitará someterse a una segunda valoración administrativa.
Además:
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La accesibilidad universal se convierte en un derecho exigible, con un nuevo Programa Estatal de Accesibilidad Universal.
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Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las obras de accesibilidad en las comunidades de vecinos.
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La atención temprana (0-6 años) pasa a ser un derecho subjetivo.
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Se prohíben las prácticas discriminatorias en precios de seguros por razón de discapacidad.
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Se crean figuras de apoyo/facilitadores en los procesos judiciales.





