Artículo de Antonio Urries - carta como Presidente de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR)

No es que los embriólogos seamos un gremio especialmente conflictivo, ni que nos guste aparecer demasiado en los medios de comunicación, pero hay ocasiones en que la opinión pública debería conocer ciertas situaciones "anómalas", sobre todo cuando ocurren en áreas tan delicadas como la Sanidad.

Creo que todos somos conscientes de que la alta especialización y pluralidad que ha alcanzado el campo de la Sanidad ha generado, cada vez con mayor frecuencia, la incorporación de profesionales "no médicos" en los hospitales españoles. Prueba de ello son los miles de biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, etc que actualmente están realizando su actividad profesional en Centros y Hospitales tanto públicos como privados.

Campos como la Reproducción Humana Asistida y/o Genética Clínica caen de lleno dentro de las funciones para los que dichos profesionales empiezan a prepararse desde el primer curso de su formación universitaria, complementando y enriqueciendo la actividad de los profesionales médicos. No es casualidad que una técnica como la Fecundación In Vitro (gracias a la cuál han nacido más de 8 millones de niños y niñas en el mundo) fuera desarrollada por un biólogo (Robert Edwards, Premio Nobel de Fisiología y Medicina el año 2010) ni es casualidad que actualmente el 90% de los que trabajan en biología de la reproducción tengan dicha formación.

¿Sabíais que la técnica de edición genética del CRISPR Cas9 fue desarrollada en sus inicios por un biólogo español, Francisco Mójica? A estas alturas seguro que la conocéis, ya que ha sido considerada el hallazgo científico más importante de la última década y ha abierto un futuro muy esperanzador hacia la curación de enfermedades genéticas. Si no os suena de nada os recomiendo que la busquéis por internet. Seguro que os sorprenderá lo que encontréis.

Pero ahora viene el problema. Por motivos de difícil comprensión, se nos ha negado de forma sistemática el reconocimiento como Profesionales Sanitarios, encontrándonos con ello ante una falta de Ordenamiento Profesional que nos ha ocasionado intranquilidad e incertidumbre profesional. Y no menos importante, genera indefensión para los pacientes que recurren a estas técnicas, al no tener aseguradas la cualificación de los profesionales que las realizan.

Frente a ello, la Ley 44/2003 de 21 de Noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (cuya última actualización se publicó el 23 de Marzo de 2014) no ha sabido dar respuesta a esta falta de ordenamiento de la actividad profesional que realizamos, a pesar de que en el Real Decreto 1277/2003 define claramente nuestra figura como "facultativos", reconociendo de forma implícita nuestro papel como profesionales sanitarios, siendo competencia nuestra funciones asistenciales, científicas y docentes en todas las áreas an las que desarrollamos nuestra carrera profesional.

Pero mientras tanto, tenemos a miles de profesionales en Sanidad que no pueden ser incluidos en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) al no estar reconocidos como tales. Y eso a pesar de que las leyes europeas, obligaban a que, antes de finales del año 2018, estuvieran incluidos en dicho registro TODOS/AS los profesionales que trabajan en Sanidad. ¿O es que la idea es echar a todos los embriólogos de los hospitales?

Bromas aparte (espero) quizá pueda parecer trivial el problema, pero no lo es. Una situación de falta de regulación como esta pone en peligro la actividad asistencial dentro de los propios hospitales y de muchos de los profesionales de nuestro país. Algunos de ellos incluso con funciones de Jefe de Servicio o Directores de Unidades Asistenciales.

Pero esto no es todo, ya que también impediría el libre acceso al trabajo en otros países de la Comunidad Económica Europea y, en cambio, facilitaría que cualquier profesional (o no profesional) con poca o nula formación, nacional o de otro país, acuda a trabajar a nuestros hospitales sin ningún control ni exigencia formativa en áreas tan delicadas como las nuestras.

Bien es cierto que hemos encontrado mucha receptividad a nuestras peticiones (e interés por normalizar esta situación) por parte de los actuales responsables de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y únicamente la indeterminación política que actualmente sufrimos ha hecho que no hayamos avanzado más en este tema.

Sólo esperamos que cuando, por fin, se constituya el nuevo gobierno se consiga definitivamente dicha regularización, que garantice tanto la correcta formación de los nuevos profesionales que acuden a ella, como la seguridad asistencial de los pacientes, quienes TIENEN DERECHO A SER ATENDIDOS POR ESPECIALISTAS ACADÉMICAMENTE FORMADOS.

Mientras tanto todos nosotros tenemos deberes por hacer.